¿A qué edad me podré jubilar con la pensión íntegra?

JUBILADOS

El grueso de la ley de reforma de pensiones entra en vigor en 2013. Conozca sus principales novedades.

- ¿A qué edad me podré jubilar con la pensión íntegra?

A los 65 años de edad, los trabajadores que hayan cotizado al menos 38 años y 6 meses completos, sin que se puedan equiparar las fracciones a meses o años completos. Si mi vida laboral no alcanza ese tiempo, la edad de jubilación será a los 67 años. Por tanto, no existe una única edad ordinaria de jubilación, sino que cada persona en función de su carrera de seguro, podrá jubilarse a una u otra edad con el 100 % de la base reguladora.

- ¿Cómo se va a calcular el importe de mi pensión?

La base reguladora de la pensión, que actualmente se calcula con las bases de cotización de los 15 años (180 meses) anteriores a la fecha del hecho causante, pasará a calcularse con las bases de los últimos 25 años (300 meses). Al igual que ocurre ahora, las bases de cotización de los dos años más recientes (24 últimas bases de cotización se tomarán en su valor nominal, y el resto, se actualizarán mes a mes tomando como referencia el índice de precios al consumo del mes 25.

En la práctica y con carácter general, el importe de la base reguladora no sufre importantes modificaciones para los empleados públicos y para aquellos trabajadores que mantengan una base de cotización constante a lo largo de su vida laboral. Sí afecta a aquellos que aumenten drásticamente la base de cotización en sus últimos años de vida laboral para mejorar su pensión (como sucede en algunos casos en el colectivo de autónomos o de directivos de empresas, etc.).

El procedimiento para calcular el porcentaje que se aplica a la base reguladora de la pensión también se modifica. Esta medida se adopta para cumplir con una de las recomendaciones expresas del Pacto de Toledo.

Con la nueva ley, con 15 años de cotización (180 meses), como hasta ahora, tendrá derecho al 50 % de la base reguladora. Se añadirá un 0,19 % por cada mes adicional del 1 al 248 y un 0,18 % mensual del 249 en adelante, sin superar el 100 % salvo en los casos en los que se acceda a la jubilación con una edad superior a la ordinaria. Todo esto supone que la carrera completa de seguro se alcanza con 37 años.

- ¿Cambia el periodo mínimo para tener derecho a pensión?

Se mantiene en los mismos términos que en la actualidad. Hacen falta un mínimo de 15 años de vida laboral cotizada para tener acceso a una pensión de jubilación.

- ¿Hay excepciones o es igual para todos los trabajadores?

Se incorpora como periodo cotizado el tiempo formativo desarrollado por los becarios en una empresa. El becario podrá recuperar como periodo cotizado el tiempo que estuvo en una empresa y que no cotizó por él entonces, hasta un máximo de dos años. Este plazo se entiende a efectos de disponer del periodo mínimo de carencia exigido para acceder a una pensión de jubilación (15 años), con una base de cotización equivalente a la del contrato de formación.

Se mantienen en el sistema de Seguridad Social los coeficientes reductores de la edad de jubilación para los colectivos contemplados en la legislación que trabajen en circunstancias de especial penosidad o peligrosidad. La edad mínima de jubilación para las personas afectadas en un grado igual o superior al 45 % por una discapacidad de las enumeradas en el Real Decreto 1851/2009 será de 56 años, en lugar de los 58 actuales.

También se amplían los beneficios por cuidado de hijos. Actualmente, a las mujeres trabajadoras se les computa con carácter general 112 días por cada parto. Con la nueva ley, con independencia de ese beneficio, las lagunas de cotización que se produzcan por extinción de la relación laboral o de la prestación por desempleo entre los nueve meses anteriores al nacimiento, o los tres anteriores a la adopción o acogimiento permanente, y la finalización del sexto año posterior a dicha situación, se considerarán cotizados. Desde 2013 hasta 2019 se irá incrementando el período hasta alcanzar los 270 días por hijo.

También pasan a considerarse como cotizados los tres años que los trabajadores disfruten de excedencia por cuidado de hijo, período que actualmente es de dos años..

- ¿Entrará en vigor la reforma inmediatamente o será gradual?

La aplicación de la ley es gradual, con un periodo transitorio de entre 10 y 15 años, dependiendo del caso, y a partir de 2013.

Por ejemplo, el periodo de cómputo de las bases de cotización para establecer la base reguladora de la pensión crecerá un año cada año, desde los 15 últimos años en 2013 hasta los 25 últimos años en 2023.

En cuanto a la elevación de la edad mínima de jubilación de 65 a 67 años (con 37 años cotizados), se empezará a aplicar en 2013, e irá aumentando un mes cada año en los seis primeros años, y dos meses cada año en los nueve siguientes años. Así, en 2028 la edad mínima de jubilación será ya de 67 años.

- ¿Qué pasa con la jubilación anticipada?

La nueva ley regula dos supuestos de anticipación de la edad de jubilación con aplicación de coeficientes reductores.

El primero de ellos, la jubilación anticipada a los 61 años, ya existente en la normativa actual, endurece sus condiciones de acceso. Será necesario acreditar un período de cotización de 33 años, estar inscrito en las oficinas de empleo durante al menos seis meses. Básicamente establece como causas tasadas para conseguirla que el cese en la relación laboral se haya producido como consecuencia de crisis o cierre de la empresa.

El segundo supuesto, novedoso en nuestra legislación, se trata del acceso a la jubilación anticipada por voluntad del interesado. Los requisitos son acreditar una edad mínima de 63 años, 33 años de cotización efectiva, y que la pensión a percibir sea superior a la mínima.

En ambos casos, la pensión se reducirá con la aplicación, por cada trimestre o fracción de trimestre que al trabajador le falte para cumplir su edad legal de jubilación (65 ó 67 años), de un coeficiente del 1,875 por 100 por trimestre (con menos de 38 años y 6 meses cotizados), ó del 1,625 por 100 por trimestre (con 38 años y 6 meses cotizados o más). En la práctica, equivale a un 7,5 % y a un 6,5 % cada año, respectivamente.

- ¿Desaparece la jubilación parcial?

La jubilación parcial permite a un trabajador, a partir de los 61 años, percibir entre un 25% y un 75% de la cuantía de su pensión, y continuar en la empresa a tiempo parcial, entre un 75 y un 25%. La empresa paga al trabajador ese contrato parcial, y la Seguridad Social se hace cargo de la parte de la pensión que corresponda. La empresa y el trabajador jubilado parcialmente deberán cotizar por la base de cotización que, en su caso, hubiere correspondido de seguir trabajando a jornada completa, algo que se aplicará en su totalidad a partir del año 2027 tras una aplicación gradual de la norma.

- ¿Por qué se reforman las pensiones?

La explicación es básicamente demográfica. El envejecimiento de la población -el aumento de la esperanza de vida- es una tendencia a largo plazo sin vuelta atrás. Las proyecciones estiman que, de no entrar en vigor la reforma, en 30 años habrá en España el doble de pensionistas que ahora -17 millones frente a los ocho y medio actuales-. De las casi 4 personas en edad de trabajar por cada mayor de 65 años, pasaríamos en 2050 a 1,7.

-¿Qué efectos tendrá la reforma en la sostenibilidad del sistema?

Entre 2030 y 2040 el gasto en pensiones se quedará en el 13% del PIB, subiendo desde el 8% actual. La cifra entra dentro de las recomendaciones de la Unión Europea. Sin la reforma, las estimaciones llevan hasta el 17% del PIB el gasto para esa década. Pero además la intención de esta reforma es que ayude a que ese PIB crezca, actuando de forma proactiva.

- ¿Es una reforma definitiva?

La reforma tiene el afán de garantizar el sistema de pensiones español a largo plazo, para el próximo medio siglo. Se introduce el concepto de factor de sostenibilidad, por el que cada cinco años, a partir de 2027, se analizarán las diferencias entre la evolución de la esperanza de vida a los 67 años de la población en el año en que se efectúe la revisión y la esperanza de vida a los 67 años en 2027.

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La Abogacía facilita a los ciudadanos un escrito para la suspensión inmediata del desahucio

• Requiere al juzgado, con fundamentos jurídicos, la paralización de la ejecución hipotecaria hasta la modificación de la ley procesal por el Gobierno o que el Tribunal de Justicia de la UE resuelva la cuestión prejudicial sobre el sistema de ejecución hipotecario español.

El Consejo General de la Abogacía Española ha puesto a disposición de todos los ciudadanos afectados por ejecuciones hipotecarias y a las asociaciones de consumidores un escrito dirigido al órgano judicial competente para que acuerde la suspensión inmediata del desahucio de la vivienda sujeta al préstamo hipotecario.

ACCEDA AL ESCRITO PARA EVITAR EL DESAHUCIO

El escrito fundamenta sus alegaciones para paralizar el desahucio en la “situación de emergencia social causada por las más de 400.000 ejecuciones hipotecarias que se han producido en España desde 2007” y las miles que se están tramitando. Hay que tener en cuenta que el artículo 3.1 del Código Civil establece que las normas jurídicas han de interpretarse con arreglo “a la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas”, que en los actuales momentos exige una clara visión pro ciudadano.

El documento, fruto de la sensibilidad común sobre el tema de la vivienda de instituciones como la PAH y los Colegios de Abogados, ha sido confeccionado por de letrados de ambos organismos.

En muchos de los procedimientos seguidos, los afectados, dada su precaria situación económica, no han podido designar abogado y procurador que los defienda y represente, por lo que los procesos judiciales se han seguido en situación de rebeldía.

Los desahucios masivos en el actual entorno de crisis económico-financiero y con alta tasa de desempleo conllevan a la práctica de desalojos forzosos incompatibles con el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, ratificado por España y que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico.

También se pide la paralización de la ejecución hipotecaria por la inminente resolución del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sobre la cuestión prejudicial C415/2011 planteada por el Juzgado Mercantil 3 de Barcelona para que valore si el sistema de ejecución hipotecario español respeta los parámetros mínimos exigidos por la normativa comunitaria de tutela de consumidores y usuarios.

La Comisión Europea, en su informe de febrero de 2012, aportado al procedimiento, advierte que la Ley de Enjuiciamiento Civil no respeta el derecho de la UE si mantiene un sistema de oposición por cláusulas abusivas que sólo se puede activar una vez efectuado el lanzamiento de la vivienda del deudor y si los intereses moratorios aplicados al ciudadano fueran desproporcionados.

Además las conclusiones de la abogada general del TJUE, presentadas el pasado 8 de noviembre, son contundentes al sostener que la normativa española sobre desahucios vulnera la legislación comunitaria por ser incompatible con la Directiva 93/13/CEE del Consejo sobre cláusulas abusivas en contratos celebrados con personas que han suscrito un préstamo hipotecario.

Dado el consenso jurídico de la conclusiones de la abogada general y la inmediata sentencia del TJUE, “es absolutamente necesaria la suspensión” del desahucio, por el principio de economía procesal, para evitar la promoción de un nuevo procedimiento entre las mismas partes una vez conocida la resolución de la Justicia europea.

La paralización de la ejecución hipotecaria se fundamenta en el artículo 43.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que establece que el tribunal podrá decretar –a petición de una de las partes- la suspensión del desahucio “hasta que finalice el proceso que tenga por objeto la cuestión prejudicial”, en este caso ante la Justicia de la UE. Asimismo, en el escrito de la Abogacía se solicita al juez, como medida subsidiaria, que proceda de oficio a plantear cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de Luxemburgo.

OFICINAS HIPOTECARIA EN COLEGIOS DE ABOGADOS

La Abogacía Española, fruto de su sensibilidad social, puso en marcha en enero de 2012 la primera Oficina de Intermediación Hipotecaria en la ciudad de Terrassa, gracias a un convenio suscrito entre el Ayuntamiento y el Colegio de Abogados de la ciudad catalana.

A esta iniciativa se sumaron más adelante los colegios de Jerez, Cádiz, Granada, Almería, Córdoba, Girona, Manresa, Granollers, Ourense, Pontevedra, Zaragoza, Valencia, Castellón, Mataró, Antequera, Gijón, Málaga, Teruel, Pamplona y Jaén. Otros, como Barcelona, Tarragona, Salamanca o Bizkaia están llevando a cabo diversas gestiones para su entrada en funcionamiento.

Las Oficinas de Intermediación hipotecaria prestan servicio gratuito a ciudadanos de 523 municipios. En el 68%, de los casos abordados se ha llegado a un acuerdo beneficioso para los deudores, como daciones en pago con alquiler social posterior, refinanciamiento con carencias, refinanciamiento sin carencias, etc.

El coste medio de cada expediente cerrado ha sido de 166,01 euros, frente a los 3.000 euros de coste de todo el proceso judicial hipotecario (tasa, aranceles, mandamientos registrales y honorarios) y el coste que todo el expediente judicial le supone al Estado, que hasta no hace mucho el Ministerio de Justicia cifraba en otros 3.000 euros.

Vídeo sobre las Oficinas de Intermediación Hipotecaria (Jornada Alternativas al desahucio de los deudores hipotecarios. 30/03/2011) organizada por la Fundación de la Abogacía Española)

http://www.abogacia.es/2012/11/14/la-abogacia-facilita-a-los-ciudadanos-un-escrito-para-la-suspension-inmediata-del-desahucio/

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SUMARIO CASO GURTEL

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Damos respuesta a tus preguntas más frecuentes en materia de extranjeria en especial a los residentes o recien llegados a la Comunidad Valenciana.

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Soy de Bolivia y tengo dos niños pequeños ¿Cómo puedo traerlos a España?

Guardado en: EXTRANJERÍA, LEGAL — tuabogado @ 11:55

Aquellos extranjeros que tengan familiares en su país de origen que deseen establecer su residencia en España tendrán que solicitar un visado de reagrupación familiar.

Este procedimieto es muy lento pero necesario para que no haya problemas después de llegar al país.

Para obtener una resolución favorable del visado de reagrupado, se tendrá en cuenta la situación personal del “reagrupante”, si trabaja, si tiene medios económicos suficientes para mantener a las personas que quiere reagrupar, y por supuesto, la situación de residencia legal en el país.

Si deseas un asesoramiento más directo contacta a través de nuestro teléfono móvil 658248623

soledad

¿Cómo puedo obtener un Permiso de Trabajo?

Guardado en: EXTRANJERÍA, LABORAL, LEGAL — tuabogado @ 11:55

DOTodos los extranjeros que hayan efectuado una entrada ilegal en el país, es decir, que carecen de visado o que entraron con un visado de turismo que ha caducado, tienen diferentes opciones dependiendo de su situación personal;

Los extranjeros que hubieran llegado a España hace más de tres años podrán solicitar un permiso de trabajo por arraigo social, para conseguir ese tipo de tarjeta se ha de probar que el extranjero ha permanecido en España de manera continuada y el Ayuntamiento de la localidad dónde se haya empadronado deberá remitir un informe de integración.

Los extranjeros que hubieran llegado a España hace al menos dos años, estos tienen la posibilidad de solicitar un permiso por arraigo laboral, lo que supone una complicación porque es necesario probar haber mantenido una relación laboral, que habrá sido ilegal, por lo tanto la única forma de acceder a esta tarjeta es una Sentencia que condene a la empresa que ha contratado al trabajador sin papeles, lo que implica que el extranjero debería haber denunciado a la empresa.

Los extranjeros que solo tengan un año de permanencia en España o en cualquier otro país del territorio comunitario, para estos será un poco más difícil porque se requiere la llamada oferta de trabajo que tenga en cuenta la SNE (situación nacional de empleo), o lo que viene a ser, una oferta de trabajo de paro cero, lo que es prácticamente imposible de conseguir. A pesar de ello existe la posibilidad de obtener un permiso si se consigue una oferta que tenga el carácer de difícil cobertura, las profesiones o trabajos de difícil cobertura se publican trimestralmente en las páginas del Servef.

Si quieres un asesoramiento directo contacta a través de nuestro teléfono móvil 636713017.

También puedes descargar tu propio modelo de solicitud en; http://extranjeros.mtas.es/es/general/ex01.pdf

¿Cuanto me puede costar divorciarme?

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Ya nos has encontrado

Te damos la bienvenida a nuestra página. Estamos seguros de poder prestarte el servicio jurídico que requieres.

Somos un despacho de abogados de Valencia, con experiencia en las áreas de Derecho Civil, Penal y Derecho de Extranjería.

En nuestro bufete primamos la relación con los clientes y la calidad en el trabajo profesional, así como la confianza: tus problemas son nuestros problemas y trabajaremos sin descanso hasta obtener la solución más satisfactoria. Queremos distinguirnos por la calidad jurídica de nuestro asesoramiento, el trato directo y personal con nuestros clientes y la capacidad de ofrecer soluciones rápidas y eficaces.

Somos conscientes en todo momento que quienes acuden a nuestro despacho, buscan soluciones eficaces, y por ello uno de nuestros objetivos principales, es cumplir con las expectativas de nuestros clientes procurando informar de manera comprensible y directa acerca de las posibilidades del asunto.

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ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA

La asistencia jurídica gratuita son una serie de prestaciones que se facilitan a todas las personas que acreditan que no tienen recursos suficientes para litigar (pleitear, disputar en un juicio), y son parte en uno o pretenden iniciarlo.

En primer lugar debemos ver quién tiene derecho a solicitarla:

  • Los ciudadanos españoles, los nacionales de los demás Estados miembros de la Unión Europea y los extranjeros que residen legalmente en España, siempre que acreditan insuficiencia de recursos para litigar.
  • Las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.
  • Las asociaciones de utilidad pública, y las fundaciones inscritas en el Registro administrativo correspondiente cuando acrediten insuficiencia de recursos para litigar.
  • En el orden jurisdiccional social, para la defensa en juicio los trabajadores y los beneficiarios del sistema de Seguridad Social.
  • En el orden jurisdiccional penal, tendrán derecho a la asistencia letrada (de un abogado) y a la defensa y representación gratuitas, los ciudadanos extranjeros que acrediten recursos para litigar, aun cuando no residan legalmente en territorio español.
  • En el orden contencioso administrativo y en la vía administrativa previa, los ciudadanos extranjeros que acrediten insuficiencia de recursos para litigar, aun cuando no residan legalmente en territorio español, tendrán derecho a la asistencia letrada y a la defensa y representación gratuita en los procesos relativos a su solicitud de asilo.

El Estado considera que una persona no tiene suficientes ingresos para enfrentarse a un juicio cuando
en el caso de una persona física, sus ingresos económicos, computados anualmente por todos los conceptos y por unidad familiar, no superen el doble del salario mínimo interprofesional vigente en el momento de efectuar la solicitud. Si se trata de una persona jurídica, cuando su base imponible en el Impuesto de Sociedades es inferior a la cantidad equivalente al triple del salario mínimo interprofesional en cómputo anual.

Una vez sepamos si podemos optar o no a la asistencia jurídica gratuita tendremos que dirigirnos al Servicio de Orientación Jurídica del Colegio de Abogados del lugar en que esté el Juzgado o Tribunal en el que se celebre el proceso principal, o ante el Juzgado del domicilio del solicitante si el proceso no se hubiera iniciado. El interesado tiene que presentar un modelo normalizado de solicitud en el mismo lugar. Este impreso se facilita en las dependencias judiciales, en los Servicios de Orientación Jurídica de los Colegios de Abogados y en las Comisiones de Asistencia Gratuita.

El Servicio de asistencia comprende los siguientes servicios:

  • Asesoramiento y orientación gratuitos anteriores al proceso.
  • Asistencia de abogado al detenido o preso sin que lo haya nombrado: para cualquier trámite policial que no sea consecuencia de un procedimiento penal en curso, o en su primera comparecencia ante un órgano jurisdiccional, o cuando ésta se lleve a cabo mediante auxilio judicial y el detenido o preso no haya designado un abogado en el lugar donde se preste.
  • Defensa y representación gratuitas por abogado y procurador en el procedimiento judicial, cuando su intervención sea legalmente obligatoria o, cuando no siéndolo, sea expresamente solicitada por el Juzgado o Tribunal para garantizar la igualdad de las partes en el proceso.
  • Inserción gratuita de anuncios o edictos, en el curso del proceso, cuya publicación en periódicos oficiales sea obligatoria.
  • Liberación del pago de los depósitos necesarios para la interposición de recursos.
  • Asistencia Pericial (de un perito) gratuita en el proceso.
  • Obtención de copias, testimonios, instrumentos y actas notariales, en los términos previstos en el art.130 del Reglamento Notarial.
  • Reducción del 80% de los derechos arancelarios de otorgamiento de escrituras públicas y obtención de copias y testimonios notariales no contemplados anteriormente, cuando tengan relación directa con el proceso y sean requeridos por el órgano judicial del mismo, o sirvan para que el beneficiario solicite la justicia gratuita.
  • Reducción del 80% de los derechos arancelarios que correspondan por la obtención de notas, certificaciones, anotaciones, asientos e inscripciones en los Registro de la Propiedad y Mercantil, cuando tengan relación directa con el proceso y sean requeridos por el órgano judicial del mismo, o sirvan para que el beneficiario solicite la justicia gratuita.
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¿QUE ES LA PREVARICACIÓN?

La prevaricación, o prevaricato, es un delito que consiste en que una autoridad, juez u otro funcionario público dicte una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial, a sabiendas que dicha resolución es injusta.Es comparable al incumplimiento de los deberes de funcionario público.Dicha actuación es una manifestación de un abuso de autoridad. Está sancionada por el Derecho penal, que busca la protección tanto del ciudadano como de la propia Administración. Para que este delito sea punible, debe ser cometido por un funcionario o juez en el ejercicio de sus competencias.

La misión de los jueces es la de aplicar el derecho vigente al caso concreto. El ejercicio de esa función se denomina “jurisdicción”. Es decir, la esfera o el ámbito en el cual se puede desenvolver un funcionario judicial. Cuando un juez se aparta voluntariamente de la aplicación del derecho al caso concreto comete un delito del derecho penal que se denomina prevaricato.

Requisitos

La prevaricación tiene los siguientes requisitos:

  • La persona que realiza la prevaricación debe ser una autoridad o funcionario.
  • La persona prevadicadora debe estar en ejercicio de su cargo.
  • Que la resolución injusta se dicte sabiendo que lo es. Debe existir dolo.

Ejemplos

  • Como caso concreto se puede citar como ejemplo de prevaricato a las conductas mediante las cuales los jueces dictaren resoluciones contrarias a la ley expresa o, funden dichas resoluciones en hechos falsos u otras resoluciones falsas.
  • Esto se vería agravado si esta conducta tiene lugar en causas criminales condenatorias o sea donde las libertades de las personas se vean comprometidas.

Como ejemplo de pena podemos citar al Código Penal Argentino que en su Capítulo X, Art. 269 establece multas e inhabilitación absoluta perpetua para el primer caso y, reclusión o prisión e inhabilitación absoluta perpetua para el segundo.

No solo los jueces son pasibles de penas por prevaricato. También los abogados. El CP argentino en el Cap. X Art. 271 impone sanciones de multa e inhabilitación temporal hasta 6 años al abogado o mandatario judicial que perjudicare deliberadamente la causa que le estuviere confiada. Y según el Art.272 la disposición del Art. 271 será aplicable a los fiscales, asesores y demás funcionarios encargados de emitir su dictamen ante las autoridades..

El Código Penal Uruguayo, en su Título V, De los Delitos Contra la Administración de la Justicia, Capítulo IV, Prevaricato, establece: CAPITULO IV Prevaricato. Artículo 194. (Asistencia y consejo desleal). El abogado o procurador, que faltando a sus deberes profesionales, perjudique los intereses de la parte que defiende o represente judicial o administrativamente, será castigado con 100 U.R. (cien unidades reajustables) a 900 U.R. (novecientas unidades reajustables) de multa e inhabilitación especial de dos a ocho años. 195. (Circunstancia agravantes). Constituyen circunstancias agravantes especiales :1. Que el hecho se haya efectuado por el culpable, mediante colusión con la contraparte. 2. Que el hecho se haya efectuado en perjuicio de un sujeto sometido a un proceso criminal. 196. (Otras infidencias del abogado o procurador) El abogado o procurador de una de las partes, que diere consejo, prestara asistencia, o ayudara de cualquier manera en juicio, a la parte contraria, directamente o por interpuestas personas, será castigado con 20 U.R. (veinte unidades reajustables) a 500 U.R. (quinientas unidades reajustables) de multa e inhabilitación especial de dos a seis años.

Referencias

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Reconocer su derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), en relación con el derecho a no ser sometido a torturas ni a tratos inhumanos o degradantes (art. 15 CE).

Sentencia

Sala Primera. Sentencia 63/2010, de 18 de octubre de 2010 (BOE núm. 279, de 18 de noviembre de 2010).

STC 063/2010

La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por doña María Emilia Casas Baamonde, Presidenta, don Javier Delgado Barrio, don Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, don Manuel Aragón Reyes y don Pablo Pérez Tremps, Magistrados

ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de amparo núm. 9398-2005, promovido por doña Sara Majarenas Ibarreta, representada por la Procuradora de los Tribunales doña Ana Isabel Lobera Argüelles y asistida por los Letrados don Iñigo Elkoro Ayastuy, doña Izaskun González Bengoa, don Aiert Larrarte Aldasoro y doña Alaitz Jauregui Elkano, contra el Auto del Juzgado de Instrucción núm. 14 de Valencia, de 2 de septiembre de 2005, confirmado en reforma por Auto de 17 de octubre de 2005 y en apelación por Auto de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia de 16 de noviembre de 2005, por el que se acordó el sobreseimiento libre de las diligencias previas núm. 2979-2005, incoadas por una denuncia de torturas. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente don Javier Delgado Barrio, quien expresa el parecer de la Sala.

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CODIGO DEONTOLOGICO DE LA ABOGACIA ESPAÑOLA

Preámbulo
Art. 1.- Obligaciones éticas y deontológicas
Art. 2.- Independencia
Art. 3.- Libertad de defensa
Art. 4.- Confianza e integridad
Art. 5.- Secreto profesional
Art. 6.- Incompatibilidades
Art. 7.- De la publicidad
Art. 8.- Competencia desleal
Art. 9.- Sustitución del abogado
Art. 10.- Relación con el colegio
Art. 11.- Relación con los tribunales
Art. 12.- Relaciones entre abogados
Art. 13.- Relaciones con los clientes

Preámbulo:

La función social de la Abogacía exige establecer unas normas deontológicas para su ejercicio. A lo largo de los siglos, muchos han sido los intereses confiados a la Abogacía, todos ellos trascendentales, fundamentalmente relacionados con el imperio del Derecho y la Justicia de los hombres. Y en ese quehacer que ha trascendido la propia y específica actuación concreta de defensa, la Abogacía ha ido acrisolando valores salvaguardados por normas deontológicas necesarias no sólo al derecho de defensa, sino también para la tutela de los más altos intereses del Estado, proclamado hoy como social y democrático de Derecho.

Como toda norma, la deontológica se inserta en el universo del Derecho, regido por el principio de jerarquía normativa y exige, además, claridad, adecuación y precisión, de suerte que cualquier modificación de hecho o de derecho en la situación regulada, obliga a adaptar la norma a la nueva realidad legal o social.
Durante siglos, los escasos cambios operados en las funciones del Abogado y en la propia sociedad motivaron reducidas modificaciones en unas normas deontológicas que venían acreditándose eficaces para la alta función reservada al Abogado, casi siempre motivadas por drásticas convulsiones sociales, pero que terminaron devolviendo al Abogado su función y la normativa deontológica con que la desempeña.

Es a partir de la segunda mitad del siglo XX, desde el momento en que los Estados decididamente consagran la dignidad humana como valor supremo que informa todo el ordenamiento jurídico, cuando la función del Abogado alcanza su definitiva trascendencia, facilitando a la persona y a la sociedad en que se integra, la técnica y conocimientos necesarios para el consejo jurídico y la defensa de sus derechos. De nada sirven éstos si no se provee del medio idóneo para defender los que a cada cual le corresponden.

En una sociedad constituida y activada con base en el Derecho, que proclama como valores fundamentales la igualdad y la Justicia, el Abogado experto en leyes y conocedor de la técnica jurídica y de las estrategias procesales, se erige en elemento imprescindible para la realización de la Justicia, garantizando la información o asesoramiento, la contradicción, la igualdad de las partes tanto en el proceso como fuera de él, encarnando el derecho de defensa, que es requisito imprescindible de la tutela judicial efectiva. Por ello hoy el Abogado precisa, más que nunca, de unas normas de comportamiento que permitan satisfacer los inalienables derechos del cliente, pero respetando también la defensa y consolidación de los valores superiores en los que se asienta la sociedad y la propia condición humana.
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CODIGO CIVIL ESPAÑOL

El Código Civil de España promulgado en 1889, es la norma jurídica que contiene el fundamento del derecho civil de carácter común en España. Es uno de los códigos civiles más tardíos en aparecer debido a tensiones sociopolíticas, religiosas y territoriales.

Tras muchas modificaciones, el Código civil de 1889 sigue vigente.

Antecedentes

A lo largo de la historia española han existido varias etapas fundamentales hasta llegar al Código Civil actual:

Primera época

En una primera época se persigue la formulación de un Código único que rigiera en todo el territorio. Son las Cortes de Cádiz, en 1811, las que aprobaron una proposición (de Espiga y Gadea), para que en la Constitución de 1812 se recogiera esta aspiración codificadora. Siguiendo las corrientes codificadoras napoleónicas, la Constitución de Cádiz señaló que “El Código civil, criminal y de comercio serán unos mismos para toda la monarquía, sin prejuicio de las variaciones que por particulares circunstancias puedan hacer las Cortes”, recogiendo así la posibilidad de admitir la pervivencia de los derechos forales.

Las turbulencias políticas de la época, a consecuencia de la invasión napoleónica y la posterior pugna entre el absolutismo de Fernando VII y los partidarios de un régimen constitucional, impidieron que la aspiración codificadora tuviera grandes resultados hasta la época moderna, en que se creó una Comisión General de Códigos, que terminó en 1846 el proyecto más importante de los que han precedido al Código Civil actual. En 1851 se remite al Gobierno dicho proyecto codificador realizado principalmente por Florencio García Goyena, basado en el Código napoleónico, pero manteniendo la tradición y esencia española en numerosas instituciones, principios y fundamentos. Sin embargo, no prosperó por considerarse excesivamente radical en materias sociales y religiosas.

El fracaso del proyecto hizo que se optara por la publicación de leyes especiales, que no admitían más demora, como la Ley Hipotecaria de 1861, la Ley de Aguas de 1886, la Ley de Matrimonio Civil y del Registro Civil de 1870.

En 1880 renace la aspiración codificadora, adaptándose el sistema de creación de un único código basado en los regímenes de las diversas regiones con derecho civil propio, recogiendo las instituciones más características de cada una. Por ello se agregó a la Comisión de Códigos representantes de las regiones forales, pero no fue posible llegar a ningún resultado práctico.

Segunda época

En una segunda época se persigue la publicación de un Código Civil general sobre la base del Derecho Castellano (de mayor difusión territorial) y Apéndices, en los que se contendrían las particularidades vigentes en los territorios forales.

En este periodo hubo dos Leyes de Bases por la que se ordenó la redacción de un Código Civil:

  • 1.- El proyecto de 1881 que no tuvo aceptación al eliminarse los tradicionales derechos supletorios de los territorios forales; y
  • 2.- El proyecto de 1889 que fue más respetuoso con los derechos forales, al establecer el principio de unidad en algunas materias y el sistema de apéndices para otras.

Cumpliendo el mandato de la Ley de Bases de 1888, obra de Silvela, se inició la redacción del Código Civil bajo la dirección del primer jurísta de la época, Manuel Alonso Martínez, pero al presentarse a las Cortes el texto definitivo encontró oposición, recogiéndose las aportaciones de los debates en una segunda edición del Código Civil mediante Real Decreto de 24 de julio de 1889.[1]

Contenido

El Código regula las instituciones fundamentales que forman el Derecho civil, sin embargo no todo lo que contiene es Derecho civil, ni todo el Derecho civil está contenido en él. Se explica porque el Código viene a pretender contener no sólo el Derecho privado general, sin el mercantil, sino todas las disposiciones de Derecho común. A título de ejemplo se comprenden materias como las fuentes del Derecho, el Derecho internacional privado, nacionalidad, bienes de dominio público, etc. Algunas de ellas, a pesar de no ser Derecho civil, sin embargo, se suelen estudiar dentro de éste.

Hay en él materias que pertenecen al Derecho público (como las del Título Preliminar y la ciudadanía); normas que contiene un carácter preponderante administrativo, y disposiciones que ostentan una marcada significación procesal.

A la inversa, hay multitud de instituciones y materias de purísimo Derecho privado, o relacionadas con éste, que han quedado fuera del Código Civil.

En España no se acoge con mucho entusiasmo el Código Civil, existiendo numerosas críticas. Sin embargo, la doctrina reciente ha reivindicado el valor del Código, señalando indudables aciertos. Estos autores han valorado la técnica del Código, que lo hace asequible a todos, la flexibilidad que permite su adecuación a las circunstancias cambiantes, y la facilidad con la que se han aplicado los principios generales. Señalándose la gran experiencia práctica y a pesar de lo desfavorable de la época, consiguiendo conservar la esencia tradicional del Derecho civil y hacer, elegantemente, una obra útil y española.

Examinando el Código desde el punto de vista político, aparece como una obra inspirada en las ideas de la época en que se llevó a cabo. Es una época en la que culmina el siglo XIX, como un momento de relativa paz y de también relativo progreso económico. Como obra política, es obra de los partidos liberal y conservador, turnantes en el poder, y tiene por ello la tónica de un liberalismo conservador y un individualismo templado, que se manifiesta especialmente en la regulación de instituciones como la propiedad, la herencia o la libertad contractual.

Por lo que se refiere al significado del Código en su aspecto técnico-jurídico, se ha clasificado generalmente entre el grupo de los códigos latinos que se inspiran en el patrón napoleónico. El afrancesamiento de nuestro Código en cuanto a su forma es evidente. Sin embargo, este juicio, según la doctrina, debe ser revisado, ya que en Derecho de familia y Derecho de sucesiones el afrancesamiento de nuestro Código es casi inexistente. También desde el punto de vista del Derecho patrimonial, se rechaza el sistema francés de transmisión consensual del dominio, y se sustituye por el sistema clásico de transmisión por medio de tradición o entrega de la posesión.

Reformas del Código Civil

Según De Castro, el Código se redactó con humildad quizás excesiva, esperando la corrección de la experiencia y los progresos realizados por otros países (según la Base 27 de la Ley de Bases). Por ello se estableció un sistema de reforma cada diez años, sin embargo, aunque las circunstancias cambian y el derecho también, la propia codificación tiende a la permanencia. Ello ha impuesto un creciente respeto al texto y ha determinado que las modificaciones no se hicieran periódicamente, sino que se deben casi siempre a causas concretas y urgentes.

Reformas más importantes

Durante los cincuenta primeros años, solo se cambia el Código para facilitar el uso del testamento ológrafo, suprimiento el requisito del papel sellado; acordando acomodar la sucesión del abintestato a la realidad social de la familia, y reducir el grado de suceder al cuarto grado. Desde entonces las principales modificaciones han sido las siguientes:

  • En mayo de 1978 se modificaron diversos artículos como consecuencia de la despenalización del adulterio y del amancebamiento.
  • En noviembre de 1978 se modificaron también algunos artículos para recoger el establecimiento de la mayoría de edad a los 18 años.
  • En 1981 se modifica a consecuencia de la aprobación de la Ley del divorcio.
  • En 1990 se hacen desaparecer cualquier discriminación por razón de sexo.
  • En 2005 se modificó para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción de niños por dichas parejas. Entre las reformas introducidas por la Ley 15/2005, de 8 de julio, se encuentra la eliminación de las causas legales para la separación y el divorcio, así como permitiéndose lo que coloquialmente se ha denominado divorcio exprés, es decir, poder ejercer la acción de divorcio pasados tres meses después de la celebración del matrimonio sin tener que pasar previamente por la institución de la separación.

Estructura

Su estructura responde al plan romano-francés o de Gayo, en cuanto que se considera que sólo son posibles objetos del Derecho las personas, las cosas y las acciones, cuando actualmente se suele seguir las tesis de Savigny, que divide el Derecho Civil en Parte General, derechos reales, derechos de obligaciones, derecho de familia y derecho de sucesión “mortis causa”.

El Código civil español sigue el plan adoptado por el francés (personas, cosas, modos de adquirir) y consta de Título preliminar y cuatro Libros, Los libros se dividen en títulos, los títulos en capítulos, los capítulos en secciones y las secciones en artículos. Lo componen 1.976 artículos.

  • Título preliminar. De las normas jurídicas, su aplicación y eficacia (artículos 1 al 16)
  • Libro primero. De las personas. (artículos 17 a 332)
  • Libro segundo. De los bienes, de la propiedad y de sus modificaciones (artículos 333 a 608)
  • Libro tercero. De los diferentes modos de adquirir la propiedad (artículos 609 a 1087)
  • Libro cuarto. De las obligaciones y contratos (artículos 1088 a 1976)
  • Art 1976: no es un artículo en materia civil, es una disposición final derogatoria.
  • 3Disposicionaes adicionales: regulan la revisión del código cada 10 años.
  • 13 Disposiciones transitorias: relativas al paso de la legislación antigua a la nueva (derecho transitorio)

Véase también

  • Código civil

Referencias

  • Manuel Albaladejo, Derecho civil
  • Diez-Picazo L y Gullón A, Sistema de derecho civil.
  1. ↑ Real Decreto de 24 de julio de 1889

Enlaces externos

  • Código Civil y sus modificaciones en Red 060.

(WIKIPEDIA)

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